El sábado 5 de julio asistí al plenario A Luchar , corriente de sindicalismo combativo .

Entre charlas e intercambios de los asistentes, la jornada comenzó antes de lo previsto: es el impulso de conocer la realidad de los trabajadores de distintos ámbitos, el origen de la solidaridad, para comprender la profundidad y extensión del ajuste del Gobierno de La Libertad Avanza.

Pero estas conversaciones ocasionales decantan siempre en la conformación de grupos afines que pertenecen al mismo nicho laboral. Ni dios nos hace ni el viento nos amontona, sino la preocupación e inquietudes del qué hacer con políticas de Estado que azotan por distintos frentes a la clase trabajadora: la economía familiar, la precarización laboral y el vaciamiento financiero de organismos estatales y los despidos, también de privados.

Esto no significa encuadrar todo en un gremialismo naturalista: las condiciones y las convicciones hacen de los trabajadores sujetos políticos dispuestos a organizarse para defenderse de los ataques del Gobierno en curso y sus cómplices empresariales, financieros, políticos y sindicales.

Las acciones patronales frente esta crisis se traducen en despidos, fusión o disolución de organismos, flexibilización laboral y promoción del pluriempleo informal, siempre en combinación con la represión de las protestas y persecución de los activistas. Medidas que funcionan como engranaje de las políticas que se orquestan desde el FMI y las elites nacionales, atravesando a toda la sociedad.

El plenario A Luchar nos amontona y es impulsado por trabajadores del sindicalismo combativo, con Izquierda Socialista a la cabeza. Participaron de esta jornada trabajadores del Garrahan, Georgalos, Morvillo, telefónicos, ferroviarios, universitarios y docentes de nivel medio, solo por mencionar algunos de los protagonistas de las acciones con mayor repercusión en la agenda pública. También estuvieron presentes dirigentes sindicales, secretarios generales, delegados y legisladores del FIT-U.

La comisión universitaria se integró por docentes, becarias y nodocentes de casas de estudio de Buenos Aires, Misiones, Jujuy, Córdoba, Río Negro, entre otras. También participó, por la UBA, la docente y diputada nacional Mechi de Mendieta. Cada cual, organizado en un espacio, sea sindical, partidario o autoconvocado.

El trabajo por comisiones duró poco más de 2 horas. Al margen de las particularidades de cada universidad y de los contextos provinciales, existen puntos en común en la manera en que afecta el ajuste de Milei, también en las respuestas o acciones políticas de la comunidad y los condicionamientos sindicales e institucionales.

La diputada en funciones, Mercedes de Mendieta formó parte de la comisión universitaria como docente de la UBA. En su intervención, anticipó la postura del FIT-U para el tratamiento del nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo emplazado el 8 de julio. El frente de izquierda llevó dictamen propio, también críticas y observaciones, pueden escucharla en la grabación oficial del Congreso durante la Comisión de Educación, Presupuesto y Hacienda.

En término generales, la nueva ley proyecta corregir los daños actuales –ocasionados por el ajuste– para el 2031, respetando el equilibrio fiscal de Milei y Caputo, y dilatando la reparación salarial, la precarización laboral y la degradación del sistema de becas.

Agrego de puro paranoico: si el proyecto prospera, tal como sucedió con otros, no solo alcanzaremos una victoria parcial (por insuficiente) para sostener las universidades, sino que prospera también la idea de que ese triunfo se logró desde las conducciones sindicales y los rectores del CIN juntando firmas, sin medidas de protesta como paros, marchas y tomas de facultades, desestimando las expresiones políticas de las bases, la unidad de estudiantes, docentes y nodocentes. Podrían agregarse al faroleo los recientes berrinches de algunos gobernadores que, después de avalar con sus legisladores en Cámara las políticas de LLA, ahora juegan a la pulseada.

Con 18 meses transcurridos, son notorias las críticas contra el gobierno expresadas por las conducciones sindicales y los rectores tras la presentación del nuevo proyecto: nota del CIN a Capital Humano y conferencia de prensa junto al FSUN, incluso encontramos rectorados que acompañaron el ajuste y ahora advierten el peligro del ahogamiento presupuestario, por ejemplo, Alicia Bohren y Sergio Katogui, en nuestro caso. Hasta Hernán Cazzaniga, dirigente de UDUM, se mostró picante con los legisladores renovadores que avalaron el veto en reiteradas oportunidades, cuando el año pasado intentó impedir las asambleas y tomas de facultades junto a la subsecretaria de derechos humanos de Fatun, Lia Rojo , y otros docentes y nodocentes.

Las caracterizaciones sobre el desempeño del Frente Sindical de las Universidades Nacionales (FSUN) son coincidentes: comunicación mínima y descentralizada, generalmente, matizada según cada una de las federaciones y demás niveles de asociación; tal como fueron sucediendo las medidas de fuerza y manifestaciones: sin consenso ni unidad, al final, se promovió que cada gremio de base avance con libertad de elección sobre las propuestas de actividades. En síntesis: la “gloria” de una acción de esferas superiores que se divulga solamente por medios de comunicación y la indispensabilidad de medidas de fuerza concretas en unidad con los trabajadores que sacan los problemas y la lucha a la calle.

El caso más notable fueron las últimas acciones para apoyar el nuevo proyecto de ley, en algunas universidades, entre ellas la UNaM, se hizo hincapié en las firmas digitales y físicas; en otras, en marchas locales, paros y clases públicas; en varias metropolitanas se habló de marcha federal y, en casi todos los casos, las firmas fueron accesorias o ni siquiera relevantes.

La unidad del FSUN sucede solamente con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), mientras que con sus representados es una fantasía; y es un hecho que esa falta de integración desgrana toda la coordinación hacia las bases. Más difícil es determinar si la postura de las conducciones sindicales es incompetencia, comunión selectiva, especulación mendiga o direccionamiento intencional para desorganizar a la comunidad universitaria.

Dato de color: durante las charlas interpersonales, aproveché para curiosear cómo vivieron la proscripción de CFK las universidades públicamente conocidas por su esencia nac&pop , días antes de la deshilachada jornada de lucha impulsada por el FSUN y el CIN. Al igual que en nuestra universidad, la progresía expresó su indignación verbal y emocionalmente, pero sin hacer algo concreto. Fueron pocas las personas que movilizaron; generalmente, nodocentes y estudiantes. No sorprende para nada, pero señala la realidad política de una comunidad extendida en el territorio nacional que fue adobándose durante al menos 20 años. Una «fuerza» que se hace sentir en las urnas, pero no en la movilización unificada en la calle.

En las universidades con alto número de contratados sin relación de dependencia para realizar tareas nodocentes se produjeron despidos, en otras, desplazamientos como forma de amedrentar frente a las protestas o movilizaciones. En este sentido, los docentes contratados o becados sufrieron bajas o cambios de tareas, sin encontrar cobertura sindical y muy poca solidaridad por parte de los colegas. Estos trabajadores precarizados comparten las mismas condiciones laborales degradadas: sobrecarga de tareas, mala condición edilicia o pedagógica y vaciamiento de recursos generales para el funcionamiento.

Todos observaron una disminución en la matrícula estudiantil junto a la deserción creciente, aunque en distinta intensidad. El denominador común es la caída del poder adquisitivo producto del retraso salarial, incluso entre las universidades que perciben remuneración por «zona desfavorable».

Mi compa y yo asistimos como integrantes del Comité de Lucha Universitaria y expusimos esa visión sobre la condición UNaM; luego de repasar la situación de cada universidad y el activismo político, predominó la idea de una comunidad desmoralizada, en buena medida, estratégicamente por las estructuras universitarias sindicales y patronales.

Con este diagnóstico, la tendencia es fortalecer y estimular la autoorganización y solidarizarse con todos los trabajadores afectados por las políticas de Milei y sus cómplices (en la práctica, claro). Aun así, no se desecha el órgano gremial como herramienta de lucha, sin importar qué tan neutralizadoras, perezosas o entreguistas sean las conducciones actuales: desde las bases organizadas, propiciar las condiciones para recrudecer, coordinar y multiplicar las acciones.

Otra de las iniciativas frente al qué hacer fue, por parte de algunos docentes de la comisión, impulsar relevamientos de datos para conocer en qué estado se encuentra el claustro frente a la precarización: consultar mediante una encuesta acerca de las condiciones pedagógicas, salariales, edilicias, etc. Esta idea indica que la UNaM no es la única universidad que ha dejado de socializar información para explicar el deterioro producido por el ahogamiento presupuestario, obstaculizando el acceso a datos cruciales para traducir a la comunidad los perjuicios deliberados del Gobierno libertariano.

En febrero de 2023, en nuestra universidad, dentro de la secretaría general de extensión universitaria, se intentó realizar un sondeo de la condición nodocente ante la imposibilidad de obtener información de la Secretaría General de Recursos Humanos. El relevamiento no tuvo éxito, logrando un porcentaje insuficiente de respuestas para la muestra (11%). Sin embargo, sigue siendo una excelente alternativa para tener un mapa de situación de los claustros.

En el cierre del plenario se esclareció todavía más la estrategia general inmediata: coordinar y unir las luchas a nivel local y nacional movilizando frente a cada una de las causas obreras provinciales, contra los despidos, el vaciamiento presupuestario, la represión y la persecución de militantes.

En Misiones comenzamos con la jornada para defender la salud pública el jueves 17, embanderada por la lucha de los trabajadores por el Garrahan. El miércoles 23 a las 16 h nos reuniremos nuevamente para manifestarnos en el marco de la jornada nacional contra la judicialización de la protesta . Las universidades ya cuentan con varios hechos de este tipo: el enjuiciamiento académico de 50 docentes en UNaF (Formosa), el atropello de la policía durante la protesta en la obra social de la Uncuyo en Mendoza , el amedrentamiento de funcionarios en la Escuela de Guardaparques, dependiente de la Facultad de Ciencias Forestales , UNaM, en octubre de 2024, entre otros (la judicialización de docentes por parte del Gobierno renovador ).

La invitación es abierta a quien corresponda.