A todas las amigas nodocentes y docentes, quien tenga la posibilidad de ayudarme a encontrar un lugar de destino en Posadas para trasladarme, porfa, hágamelo saber. Los funcionarios no tienen nada regulado con respecto a eso ni van a ocuparse. Y yo no tengo los medios para salir a recorrer las unidades académicas, mucho menos voy a "pedirle trabajo" a los secretarios administrativos o decanos dentro de la misma universidad en la que estoy empleado. Acá va mi carta abierta.

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Sec. Gral. Mauricio Franco

Secretaría General de Extensión Universitaria

Con respecto a mi solicitud de atender la falta de recursos en la editorial o en gestionar mi traslado, reitero el pedido de la documentación mencionada en el dictamen 029/2025 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) y reafirmada por usted en el email del 25 de febrero de 2025. Sigo esperando algún documento o normativa que acredite

«la designaciones de cada uno de los agentes que desempeñan funciones en los diferentes sectores de esta Universidad está vinculada a las necesidades operativas de las mismas, debiendo la superioridad adoptar la decisión de traslado en cada caso particular y sobre la base de un criterio de oportunidad, mérito o conveniencia» (sic).

No puedo dejar de expresar mi preocupación sobre la ausencia de respuesta, me cuesta creer que toman decisiones sobre planificaciones y documentos imaginarios, incluso sin poder siquiera consignar correctamente el nombre y número de legajo del solicitante. Me niego a pensar que es indicador de incompetencia del funcionariado finamente seleccionado.

Quizás sea innecesario volver a exponer mi situación porque, durante largos años, de acuerdo con mis habilidades y recursos, registré distintos sucesos institucionales de la editorial como una forma de asentar y archivar instancias de funcionamiento y desarrollo. Estoy seguro de que la dirigencia institucional revisó con esmero estos registros. Sin embargo, precisaré sobre cuestiones que me afectan personalmente en lo laboral.

Durante 14 años atravesé algunos momentos inquietantes con respecto a la calidad de los funcionarios y la institución, voy a subrayar algunos pocos.

Con tan solo 3 años en la editorial –como auxiliar administrativo categoría 7–, mientras me desempeñaba como corrector de textos y cadete multifunción, fui el encargado de finalizar la elaboración del Proyecto de apoyo a las editoriales universitarias varias veces rechazado por los otorgantes. La aprobación de este proyecto hizo posible consumar el Convenio ME 380/2015 con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y acceder a los recursos económicos y profesionales que nuestra universidad jamás asignaría por voluntad propia (hasta el día de hoy). También acompañé al director de entonces, Claudio Zalazar (FHyCS), a defenderlo frente a la REUN en el Palacio Pizzurno (CABA).

Como si no fuera suficiente, me vi en situación de estimular a la gestión –mediante una audiencia con el entonces rector Javier Gortari– para que ejecute ese proyecto, ante la inacción del personal jerárquico, especialmente de la dirección y la secretaría de extensión que el mismo rector seleccionó como gabinete.

Una vez en curso, también tuve que elaborar, con la ayuda de la correctora becaria, los informes regulares para la SPU y así probar el desarrollo de nuestro proyecto. Además, junto al resto de los auxiliares, debimos recabar proformas de mobiliario y equipamiento, seleccionar jornadas de capacitación y planificar aquellas actividades en conjunto con otras editoriales de la REUN. De igual manera, con las jornadas y actividades vinculadas, contando con la coordinación organizativa de la contratada que aquel mismo proyecto incorporó al equipo.

La capacitación del personal y el contacto con otras editoriales impulsó cambios en Edunam, siempre en manos del personal nodocente, contratadas sin relación de dependencia y becarias; no solo en el trabajo de profesionalización en proceso, sino en los recursos invertidos para tales fines (tareas extralaborales, herramientas y economía personal para capacitación, etcétera).

Diseñar y proponer políticas editoriales mínimas (organizativas) y manuales básicos para mejorar el proceso de edición produjo tensión constante contra las discrecionalidades e improvisación a las que los funcionarios de la coalición gobernante –Convergencia, Unidad y Compromiso– están acostumbrados.

El malestar de la gestión se revela en la pedagogía laboral, por ejemplo, el pago de productividad como premio por atender y avalar los caprichos de los funcionarios o el supuesto castigo por negarse a hacerlo: las directivas de tareas variadas y ajenas a los roles de facto, sin asignación formal de funciones (limpiar, hacer mudanzas, chofer de funcionarios, mandados varios, etcétera). A mí me tocó la segunda parte. Nada de la primera me benefició jamás y espero que no lo haga por esos motivos, pero es perjudicial para la institución y los trabajadores.

La gestión rechazó económica y políticamente el desarrollo institucional y se convirtió en un lastre, destinando recursos o beneficios laborales solamente cuando los empleados avalaban las discrecionalidades de las autoridades, que también es una forma de desbaratar los breves progresos. Lo mismo hacen con la capacitación selectiva, el pase al agrupamiento técnico-profesional y la asignación verbal de funciones de “mayor jerarquía” para impulsar la carrera de sus colaboradores. Todo esto ejecutado de manera privada, oculta, a espaldas de los perjudicados, tal como estilan los miserables. En síntesis: se aprovechan de la necesidad económica y la ignorancia del personal, inducida por la baja regulación laboral y la falta de planificación institucional.

En algún momento, sorpresivamente, ingresó directamente a planta un nuevo trabajador. Estuvo poco tiempo en la editorial oficiando de corrector de textos: ni bien las autoridades pudieron conseguir recursos para promocionarlo, mientras todos los demás esperábamos lo propio, se trasladó a otro lugar del rectorado sin encontrar como obstáculo las misteriosas reglamentaciones y planificaciones que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y usted esgrimen. Tampoco hubo reposición de los recursos perdidos. Si desea analizar el caso como antecedente para destrabar mi traslado, se trata del licenciado en Trabajo Social, Daniel Rivas. Algo similar sucedió con el jefe de departamento que ahora está en la oficina central de Secretaría General de Extensión Universitaria.

En estas circunstancias, sin poder articular un proceso de edición organizado y mejorado, sin asignación de funciones y consciente de mi perfil como trabajador, solicité el pase al Departamento de Promoción y Ventas, lugar mucho más adecuado para un auxiliar administrativo que ya realizaba varias de las tareas de ese departamento.

Una vez allí, con la colaboración de dos becarias y una contratada, sistematizamos toda la información que pudimos, organizamos logísticamente y ejecutamos las tareas indispensables (distribución, envíos, atención al público, comunicación, redes sociales, email, presencia en eventos) y presentamos informes (algo bastante olvidado por la gestión).

Casi al final de la pandemia, la directora Nélida González y el secretario de extensión Hernán Cazzaniga me echaron del Departamento de Promoción y Ventas, permutando puestos con una correctora. Reemplazaron al personal administrativo por un personal técnico-profesional, cuando cada cual estaba en el sitio adecuado. Como si fuera poco, promocionaron al técnico-profesional recién reasignado, siendo el personal con menor antigüedad de todo el equipo. Los demás, continuamos esperando lo propio. Al desplazar al trabajador que conducía el vehículo oficial, los funcionarios aprovecharon para llevarse la camioneta al campus porque «no había quien la conduzca». Dejándome en un puesto destinado a técnicos-profesionales, truncaron mi carrera para siempre. En el mismo movimiento vulneraron varios derechos laborales, establecieron tremendas inequidades y causaron perjuicios hasta ahora irreparables.

Las promociones para el equipo que llevaba más de una década sin avanzar en su carrera llegaron con la muerte de un compañero que estaba de licencia tras un conflicto con los funcionarios. Me vi en situación de juntar firmas en las unidades académicas y denunciar el vaciamiento que la gestión ejecutaba en la editorial. De esta manera, la editorial logró conservar la mayoría de los puntos del cargo del trabajador fallecido. El resto fue sustraído tal como hicieron con las anteriores bajas nodocentes.

La editorial universitaria ni siquiera puede completar el añejo organigrama plasmado en su estatuto desde 1995. Todos los intentos fueron paliativos, de corto plazo y de manera improvisada. Al margen de esta peculiaridad, nunca jamás hubo problema con el traslado del personal, hasta ahora. No fueron pocos los trabajadores que pasaron por la editorial y luego decidieron irse

Con la llegada del dúo Bohren-Katogui y su gabinete, las cosas empeoraron todavía más, al punto de cortar el diálogo en cualquiera de sus formas y no dar la cara nunca. Así que cualquier esperanza de contar con algún tipo de solución de problemas por parte de la institución hoy ya no es una alternativa.

Lo relatado no apunta a capitalizar algo, jamás pedí promoción por esto, pago de productividad, horas extra o privilegios. Tampoco espero reconocimiento o valoración, como lo expresé el día que usted asumió y se presentó en la editorial: la baja calidad del funcionariado de Convergencia, Unidad y Compromiso es más que evidente en sus casi 20 años de gobierno; especialmente, en la Secretaría General de Extensión Universitaria que, al parecer, es la escuelita del funcionario para personas sin méritos, experiencia ni antecedentes.

Lo relatado apunta a ilustrar, por una parte, sobre la trayectoria de la editorial y los esfuerzos del personal precarizado –nodocente, contratado sin relación y becarios– por mejorar a pesar de los funcionarios. Por otra, demuestra que hice contribuciones que durante años los gobiernos universitarios no hicieron y no creo que lo hagan.

Hoy, el director que asignaron, Froilán Fernández, está a la altura del cargo y ha contribuido a la calidad editorial mediante su capital académico personal, organizando un sistema de evaluación prestigioso y un funcionamiento transparente, entre otros aportes. Aun así, la misma gestión, el gabinete superior, no aporta nada, ni presupuestariamente ni consolidando personal ni reponiendo recursos ni reparando los perjuicios que produjeron. Ni siquiera remuneran apropiadamente al director.

Para entender la desidia de esta gestión, basta con observar que, por la falta de personal, la librería está cerrada (la librera precarizada está cumpliendo funciones en otra ciudad); simultáneamente, se contratan servicios de corrección externos a la UNaM para responder a la cantidad de trabajo en relación con el mínimo equipo editorial. Esto último demuestra la irrelevancia de mis supuestas funciones operativas asignadas en las reglamentaciones imaginarias que ustedes citan.

En otro orden, nunca hubo un paliativo al fracaso de este gobierno que no atente contra la condición nodocente: tercerizar trabajo es socavar la planta permanente, acción agravada todavía más en la delicada situación laboral y económica de la universidad. Esa es la profundidad del daño que produce el ensimismamiento de la gestión y su política de «todo lo cómodo, fácil y barato es mejor».

Por lo expuesto, aunque sé que no escuchan ni consideran nada fuera de sus intereses corporativos y electorales, insisto en que pongan a trabajar a la Secretaría General de Recursos Humanos y gestionen mi traslado fuera de la SGEU.

Solo les pido que me otorguen la oportunidad de desempeñarme en otro lugar y así poder evitar la indignidad cotidiana de lidiar con esta condición decadente, humillante, vergonzosa y cruel que impone el gobierno que ustedes llevan a cabo.

Lo saludo esperando una respuesta favorable porque no quiero tener que volver a explicar o exponer esta penuria, sabiendo que ustedes no pueden o no quieren entender.

Marcelo Oliveira

Edunam, la editorial de la Universidad Nacional de Misiones

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